
La generación que nadie quiere mirar

Esta semana hubo dos noticias: una denuncia por agresión a adolescentes en un hogar del INAU, y un fallo judicial que ordenó bajar un informe periodístico sobre otro hogar del instituto. Las dos vuelven a poner en la superficie algo que en Uruguay convive hace años debajo de la alfombra: un sistema de protección a la infancia desbordado, familias atravesadas por generaciones de violencia y abandono, y una sociedad que mira para otro lado. Jorge abre esta nota con una reflexión personal, sin bajada política ni partidaria. Después repasamos los hechos, los datos oficiales, y lo que todavía no pueden responder los organismos que tienen esto en sus manos.
Lo que pienso yo, JorgeHay temas de los que no se habla en la sobremesa, ni en la radio, ni en ningún lado, hasta que explotan en un titular. Esta semana explotaron dos, por hechos distintos, pero que hablan de lo mismo: algo profundo no está funcionando, y lleva así generaciones.
Yo no voy a entrar en si el gobierno de turno hace bien o hace mal, ni en bajadas políticas de ningún signo, porque eso es lo primero que nos distrae de lo que de verdad importa. Lo que quiero es que nos pongamos un segundo en tres lugares distintos. En el lugar de un padre o una madre que no sabe cómo seguir. En el lugar de quien tiene que gestionar un sistema enorme con recursos que nunca alcanzan. Y sobre todo, en el lugar de un botija de 15 o 16 años que hoy, esta noche, no la está pasando bien.
Porque de eso se trata. Venimos de generaciones enteras que, muchas veces sin culpa propia, no supieron o no pudieron ejercer una paternidad o una maternidad sostenida. ¿Y qué respuesta le damos como sociedad a eso? Adolescentes y niños en la calle, o cerca de ella. Consumo problemático de drogas. Adultos que en los hechos siguen funcionando como chicos, porque nadie les enseñó otra cosa. Una desconexión de valores básicos que después nos sorprende ver reflejada en la violencia del día a día. ¿De cuántas generaciones venimos arrastrando esto? Hogares monoparentales armados a las apuradas. Infancias criadas en el caos. Chicos que crecen al lado de un padre o una madre con problemas de consumo. Parejas que se rompen a los golpes delante de ellos. Casas de un solo cuarto donde duermen cuatro o cinco personas, con la lluvia entrando por el techo y la violencia ejercida puertas adentro como si fuera parte del paisaje. Sigo, si hace falta, porque esto no es una enumeración retórica: es la infancia real de una parte de nuestros adolescentes.
Y en el medio de todo eso, hay cientos de psicólogos, educadores y operadores que durante años eligen trabajar en esos centros, y que hoy están agotados. Esa parte también hay que decirla con todas las letras. ¿Cuánto más pueden sostener los funcionarios y profesionales del INAU y del INISA? Están sobrepasados de estrés y de cansancio. Llevan de la mano a un chico de seis u ocho años a un psicólogo o a un médico, sabiendo que de cada diez, con suerte, uno o dos van a lograr insertarse después en la sociedad. ¿Te parece que alguien que lleva quince o veinte años en esos centros no vio nada? ¿Te parece que llega a su casa y no se lleva nada puesto? ¿Y mientras tanto, qué hace la política? ¿Qué hacen las intendencias? ¿Cómo sigue esto?
Yo no tengo la solución mágica, y desconfío de cualquiera que diga tenerla. Es un problema que, como dicen ahora con una palabra de moda, es transversal: atraviesa la educación, la salud, la vivienda, la Justicia, el trabajo y la seguridad al mismo tiempo. No se resuelve desde un solo lugar. Lo que sí tengo es una pregunta incómoda. Pasamos horas de contenido mirando un programa como Gran Hermano —un formato respetable, no tengo nada contra quien lo mira ni contra quien lo produce, y que muestra la vida de personas encerradas con todas las comodidades—. Pero no hacemos ni un rato de ese mismo esfuerzo de atención para mirar de cerca los barrios donde, hace unas semanas, el papa se sentó a hablar con la gente. ¿Por qué será? Capaz que no vende tanto. Y ese, me parece, es exactamente el problema: lo que no vende, también hay que contarlo, aunque duela.
Por eso esta nota no busca endulzar nada. Vamos a repasar lo que pasó, lo que dicen los organismos oficiales y lo que todavía no se puede responder con números. Sin bajada política, sin buscar un culpable único, pero sin bajar el tono tampoco, porque este es un tema que, si lo contamos liviano, le hacemos un flaco favor a cada chico que hoy depende de que esto funcione mejor.
Dos hechos de esta semana, dos caras del mismo problemaEsta semana coincidieron dos noticias que, aunque no están conectadas entre sí de forma directa, muestran el mismo sistema desde ángulos distintos.
La primera la contó la diaria el 9 de noviembre: Valeria Ripoll, dirigente del Partido Nacional y ex candidata a la vicepresidencia, presentó una denuncia policial por lesiones contra adolescentes que viven en el hogar Magnolia, del INAU, ubicado junto a su vivienda. Ripoll no tiene ningún cargo dentro del instituto: es vecina del hogar y, en este caso, denunciante. Según su relato, ese hogar funciona en esa dirección de forma provisoria desde hace un año. Su sede anterior, en el barrio Lezica, se incendió en 2024 y nunca volvió a su ubicación original. Ripoll cuestionó además los protocolos del lugar en relación con las llamadas "salidas no acordadas" de las adolescentes, y calificó el funcionamiento del instituto como "terriblemente mal". La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Adolescentes de 2° turno. El artículo original está detrás de un muro de suscripción y no pudimos acceder al relato completo de la agresión ni a una respuesta pública del INAU al cierre de esta nota.
La segunda la publicó Montevideo Portal el 12 de noviembre, y tiene más aristas. El periodista Nacho Álvarez, conductor del programa de streaming "Todo se sabe" (antes al frente de "Santo y seña"), difundió un informe titulado "Violencia, drogas y prostitución en INAU", centrado en presuntas irregularidades en otro hogar del instituto, Tulipanes. El disparador había sido un siniestro de tránsito en el que participó una adolescente interna del hogar. La jueza María Andrea la Paz Camacho ordenó retirar ese informe de los canales digitales donde se publicó. Entre sus fundamentos, la magistrada sostuvo que el programa "expuso, identificó y difundió imágenes y sonidos de menores institucionalizadas", aunque no se mencionaran nombres ni se mostraran rostros. Cuestionó, además, que el equipo periodístico se presentara en la puerta del hogar sin cumplir los protocolos de entrevista. Invocó "el malestar psicoemocional acreditado por informes médicos y técnicos del centro". Y tuvo en cuenta la voluntad manifestada previamente por los propios adolescentes, a través de su defensa pública, en contra de la difusión. La jueza también ordenó elevar antecedentes a la Suprema Corte de Justicia para investigar cómo el equipo periodístico accedió a expedientes reservados la producción del programa invocó el secreto profesional para no revelar su fuente.
No tomamos partido en ninguna de las dos discusiones de fondo que esto abre. ¿Hasta dónde llega el derecho a informar sobre lo que pasa puertas adentro de un hogar del Estado? ¿Y hasta dónde llega el derecho de un adolescente institucionalizado a que no se lo exponga, aunque sea sin nombre ni rostro? Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y las dos importan: hace falta que esto se sepa, y hace falta que a esos chicos no se los revictimice en el proceso. Lo que sí podemos decir es que ambos episodios, de signo distinto, apuntan al mismo lugar: un sistema que llega a la noticia por denuncias puntuales, nunca por una rendición de cuentas propia, proactiva, sobre cómo está funcionando.
Lo que dicen los números, sin vueltasDejando de lado el debate de esta semana, hay datos oficiales y de organismos de derechos humanos que permiten dimensionar el problema de fondo, más allá de un hogar puntual.
Las muertes bajo tutela del Estado. Según el informe anual 2025 de Amnistía Internacional, citado por El Observador el 21 de abril de 2026, 114 niños, niñas y adolescentes murieron estando bajo amparo del INAU entre 2020 y 2025, 20 de ellos solo en 2025. La organización concluye que no se trata de "episodios aislados", sino de "déficits estructurales" en la prevención, la evaluación de riesgos, la coordinación entre instituciones y la supervisión de los dispositivos. El 5 de mayo, el Parlamento interpeló al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por la muerte de cuatro niños y adolescentes bajo tutela del INAU entre diciembre y febrero. La propia Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) había pedido, en enero, una investigación pronta y exhaustiva. También pidió revisar los protocolos de supervisión, reforzar los apoyos psicosociales y de salud mental, y que los medios manejen la información con responsabilidad para no exponer a las víctimas.
Lo que encontró el organismo que entra a los centros. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH, que tiene la potestad legal de ingresar sin aviso previo a los centros de privación de libertad, publicó en agosto de 2025 su XI Informe Anual, con datos de 2022 a 2024. Al cierre de 2024 había 730 adolescentes y jóvenes con medidas privativas de libertad o semilibertad en el INISA (711 varones, 19 mujeres), frente a 637 en 2023, para una capacidad declarada de 502 plazas en 14 centros. El informe documenta, además, varios hallazgos graves. Hubo 8 intentos de autoeliminación en 2024 —una baja fuerte frente a los 34 registrados en 2022, aunque ninguno deja de ser grave—. Se sumariaron 45 funcionarios: 8 por presuntos malos tratos a adolescentes y 2 por abuso sexual, de los cuales solo uno terminó suspendido. En varios centros se aplican sanciones colectivas de forma habitual, pese a estar prohibidas por ley. Se registraron requisas grupales con exposición a desnudez, calificadas por el propio informe como "trato indigno e inadecuado". En algunos centros hay encierros de 22 a 23 horas diarias. Y al 1° de marzo de 2024, 146 adolescentes estaban bajo tratamiento con psicofármacos. En octubre de 2025, el mismo organismo presentó un relevamiento fotográfico sobre el estado edilicio de los centros, y el propio presidente del INISA, Jaime Saavedra, calificó la situación de "vergüenza" y anunció un plan de mejoras.
Los trabajadores, al límite. El sindicato del INAU y del INISA (SUINAU) viene denunciando sobrecarga laboral desde hace años. En noviembre de 2024 ocupó la sede central del instituto en reclamo de una prima salarial adeudada y por la falta de ingreso de personal pese a las vacantes existentes, algo que —según el propio sindicato— recae directamente sobre quienes sí están trabajando todos los días con estos chicos. En agosto de 2026, la mesa sindical de INISA denunció que un adolescente internado agredió a una enfermera mientras le administraba medicación en el centro CIAM, y otro funcionario resultó lesionado al intervenir declararon "estado de alerta" y afirmaron que "la salud y la vida de las y los trabajadores no son negociables". Apenas unos días antes, el 29 de julio, un joven de 19 años en régimen de semilibertad había sido asesinado a balazos al ingresar a un centro del INISA en el barrio Atahualpa, un hecho que el sindicato calificó de "sin precedentes". No encontramos cifras oficiales de licencias médicas por estrés ni de rotación de personal —si existen, no están publicadas—, pero las denuncias sindicales sobre desgaste y sobrecarga son consistentes y reiteradas en el tiempo.
El dinero fácil que los espera afuera. Una investigación de El Observador (octubre de 2025) encontró que el 28% de los ingresos al INISA corresponden a delitos vinculados al narcotráfico. El presidente del instituto, Jaime Saavedra, reconoció que no pueden competir con esa plata "desde la billetera" sino "desde el vínculo personal". Los montos que se manejan explican buena parte de la tentación. Transportar un paquete sin saber qué lleva puede pagar unos 5.000 pesos. Coordinar una boca de drogas, entre 15.000 y 20.000 pesos por semana. Avisar si viene la policía —"halconear"— unos 4.000 pesos por día. En paralelo, otro dato de 2025 muestra que los adolescentes presos por delitos de drogas en el INISA pasaron de 38 en 2020 a 205 en 2024, el 28% del total de internados ese año. Ahora bien —y esto conviene decirlo con la misma honestidad con la que se dicen los datos más duros—, la última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, de la Junta Nacional de Drogas (trabajo de campo 2024, publicada en 2025), encontró que el consumo de pasta base entre los adolescentes escolarizados de 13 a 17 años es bajo: 0,4% la probó alguna vez en la vida. El problema no es un consumo masivo y generalizado entre los adolescentes uruguayos. Es un negocio que recluta, de forma puntual pero efectiva, a una franja concreta de chicos en situación de máxima vulnerabilidad: muchas veces, los mismos que ya pasaron o están pasando por el sistema de protección.
Lo que hay detrás, en las casas. Según las Estadísticas de Género 2023 de Inmujeres-MIDES, sobre datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE, el 13,1% de los hogares uruguayos es monoparental (10,9% con jefatura femenina, 2,2% con jefatura masculina), y la pobreza golpea mucho más fuerte a los primeros: 15,3% contra 4,9% en los de jefatura masculina. Al mismo tiempo, el propio sistema de protección sostiene a una cantidad enorme de chicos. Según el Anuario Estadístico Nacional 2025 del INE, con datos de 2024, había 4.560 niños, niñas y adolescentes en acogimiento y dispositivos familiares de 24 horas, y 8.178 en residencias de 24 horas (un mismo chico puede figurar en más de una modalidad, así que no son cifras que se sumen directamente). No encontramos una cifra oficial y actualizada sobre la tasa de reinserción social de los adolescentes que egresan del INISA: es un dato que, si existe, no está publicado con claridad, y que cualquier sistema serio debería poder mostrar sin que haya que pedirlo.
El caso que no es de institucionalización, pero habla de lo mismo. En marzo de este año, un adolescente de 15 años murió en Flor de Maroñas a manos de su padre, después de una golpiza. Hubo 14 denuncias entre 2013 y 2025: de un CAIF, de vecinos, de maestros, de familiares, de la UTU. Hace unos cinco años, hubo incluso una visita del INAU que no derivó en que se retirara al chico de esa casa. La Suprema Corte de Justicia abrió una investigación administrativa sobre cómo actuaron los operadores judiciales ante esas denuncias previas. No lo traemos como un caso más de "violencia institucional" del INAU, porque no lo es: es, quizás, algo todavía más difícil de resolver, el de un sistema de alerta temprana —escuela, salud, vecinos, Justicia— que tuvo catorce oportunidades de ver lo que pasaba y no logró, a tiempo, torcer el final.
Lo que esto no es, y lo que sí esNo es un problema de un gobierno. Los datos que reunimos acá van de 2018 a 2026 y atraviesan distintas administraciones. La crisis de fondo —chicos institucionalizados que mueren, que se agreden, que son agredidos familias desbordadas de generaciones atrás trabajadores al límite— no empezó ni termina con nadie en particular. Tampoco es, como a veces se simplifica, "un problema de los pobres" o "un problema de los jóvenes de hoy". Es el resultado acumulado de decisiones de política pública, de recursos que nunca alcanzaron, y de una sociedad entera —no solo el Estado— que durante años prefirió no mirar de cerca.
Es, eso sí, un problema que exige lo que ahora se llama, con una palabra de moda, un abordaje transversal. No se arregla solo con más presupuesto para el INAU, ni solo con más Justicia, ni solo con más psicólogos, aunque las tres cosas probablemente hagan falta. Se arregla, si se arregla, con vivienda digna, con trabajo y con salud mental accesible desde la primera infancia. Con escuelas que puedan sostener a los chicos más golpeados, y no solo enseñarles. Y con medios y redes sociales —este incluido— que le den a esto la misma cantidad de horas de atención que le dan a cualquier otro contenido que "vende" más fácil.
Para cerrarNo tenemos una conclusión optimista para esta nota, y no la vamos a inventar. Lo que sí tenemos es la certeza de que esto necesita seguir hablándose, con los datos sobre la mesa y sin bajadas políticas de ningún lado, porque cada vez que el tema desaparece de la agenda hasta la próxima denuncia, perdemos tiempo que a un chico de 15 o 16 años, hoy, se le sigue yendo encima.
Jorge - Estudio Once Radio.
Si en tu entorno hay una situación de maltrato, abuso o vulneración de derechos hacia un niño, niña o adolescente, la Línea Azul del INAU recibe denuncias las 24 horas, de forma gratuita y confidencial: 0800 5050 desde teléfono fijo, o *5050 desde un celular. Y si lo que hace falta es hablar con alguien porque la cabeza no da más —a los adolescentes, a sus familias, y también a quienes trabajan todos los días sosteniendo este sistema—, la Línea Vida del Ministerio de Salud Pública atiende las 24 horas, los 365 días del año, de forma gratuita: 0800 0767 desde fijo, *0767 desde celular.
Fuentes consultadas:la diaria (denuncia de Valeria Ripoll, 9/11/2026) Montevideo Portal (fallo judicial sobre el informe de Nacho Álvarez, 12/11/2026, e interpelación al Mides, 5/5/2026) El Observador (informe de Amnistía Internacional sobre muertes bajo amparo del INAU, 21/4/2026 denuncia sindical de INISA por agresión a una enfermera, 2/8/2026 investigación sobre adolescentes y narcotráfico, octubre 2025 adolescentes presos por delitos de drogas, 14/6/2025 caso Jonathan Correa, 9/3/2026) Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) — resolución sobre fallecimientos en el sistema de protección (enero 2026) y XI Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (agosto 2025) Instituto Nacional de Estadística (INE) — Anuario Estadístico Nacional 2025 Inmujeres-MIDES — Estadísticas de Género 2023 Junta Nacional de Drogas — X Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media (2025) SUINAU (declaraciones sindicales, 2024-2026) INAU (Línea Azul, 0800 5050).
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