El gobierno de la derechista Keiko Fujimori se sube a la ola antinmigración en Latinoamérica, sumándose a gobiernos como los de Chile, Argentina y otros controlados por la derecha regional.
Este jueves, en su presentación ante el Congreso para exponer la política del Gobierno, el presidente del Consejo de ministros, Luis Galarreta, anunció un incremento significativo de operativos policiales y militares para detener y expulsar del país a inmigrantes en situación irregular. El jefe del gabinete ministerial destacó el papel central que tendrán las Fuerzas Armadas en estas redadas contra los migrantes y en el control de las fronteras para impedir su ingreso.
Galarreta relacionó la inmigración irregular con la creciente delincuencia y aseguró que el Gobierno ya ha comenzado operaciones de expulsión de inmigrantes, pero se quejó que las normas de protección de derechos las obstaculizan. Le comunicó al Congreso que el Gobierno solicitará facultades legislativas a la Cámara de Diputados para cambiar esas normas y facilitar la detención y expulsión de inmigrantes.
La inmigración ha tenido un fuerte crecimiento en la última década, la mayor parte llegada de Venezuela. Se estima en alrededor de un millón y medio los migrantes venezolanos, la gran mayoría en situación irregular.
Este anuncio se da en un contexto de una peligrosa militarización de la lucha contra la delincuencia, lo que diversos sectores han advertido amenaza los derechos ciudadanos y la democracia.