La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 32 fosas clandestinas en seis entidades durante 2025, mientras que las respuestas de las fiscalías estatales permitieron documentar 651 en 16 estados y la revisión de notas de prensa identificó al menos 433 en las 32 entidades del país.
Las diferencias forman parte de la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, cuyos responsables advirtieron que México sigue sin contar con un registro que permita conocer cuántas fosas se han localizado y dar seguimiento a los cuerpos, restos e identificaciones asociados con esos hallazgos.
En Sonora, la fiscalía estatal informó sobre 204 fosas, casi una tercera parte del recuento integrado con las respuestas de las fiscalías locales, pero la FGR no reportó ninguna. En Chihuahua, la autoridad estatal registró 85 y en Baja California Sur 71; para ambas entidades, el registro federal también fue de cero. En Jalisco, las cifras fueron de 71 fosas en la respuesta estatal y seis en la federal, mientras que en Michoacán fueron 28 y dos, respectivamente.
La FGR reportó 32 fosas clandestinas, mientras que las fiscalías estatales documentaron 651. Foto: Cuartoscuro
La plataforma, coordinada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y Artículo 19, reúne las respuestas de las fiscalías a solicitudes de información y los hallazgos documentados en medios de comunicación. Sus integrantes explicaron que los tres conteos no pueden sumarse, porque una misma fosa puede aparecer en más de una fuente.
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Pamela Benítez, coordinadora del área de datos de Data Cívica, señaló que la pregunta sobre cuántas fosas clandestinas hay en México sigue sin tener una respuesta que coincida entre las fuentes. "Esta respuesta cambia según la fuente que consultemos", dijo. Para explicar las diferencias, sostuvo, es necesario conocer qué información recibe cada fiscalía y cómo construye su recuento, aspectos que las respuestas institucionales no permiten esclarecer por completo.
Algunas autoridades contestaron que no tenían hallazgos y otras entregaron información que no pudo analizarse. En cambio, el monitoreo de prensa permitió documentar al menos una fosa en cada entidad durante 2025.
El recuento elaborado con las respuestas de las fiscalías estatales pasó de 786 fosas en 2024 a 651 en 2025, pero en ese periodo disminuyó el acceso a información que pudiera utilizarse. Benítez advirtió que esa variación no puede interpretarse como una reducción directa en los hallazgos sin considerar los datos que las instituciones dejaron de entregar.
El informe Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, elaborado por las organizaciones que integran la plataforma, documenta las dificultades para obtener esos registros. El estudio se basa en solicitudes realizadas durante 2026 a las 32 fiscalías estatales y a la FGR para conocer los hallazgos entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2025.
Entre 2024 y 2025, la proporción de fiscalías estatales con información completa o parcial utilizable bajó de 84.4% a 62.5%. En la evaluación de calidad de 33 instituciones, incluidas las fiscalías estatales y la FGR, las respuestas calificadas como buenas pasaron de 19 a 13, mientras que las deficientes aumentaron de nueve a 13.
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El deterioro en el acceso no ocurrió de la misma forma en todas las entidades. Aguascalientes, Chihuahua y Sonora mantuvieron respuestas con un nivel de información que la plataforma evaluó como bueno. Aguascalientes proporcionó, además, detalles sobre los métodos de identificación y el resguardo de los cuerpos. Baja California Sur pasó de no responder en la actualización de 2024 a entregar información sobre siete de las 10 variables solicitadas, lo que permitió documentar 71 fosas y 96 cuerpos para 2025.
Entre 2024 y 2025, la proporción de fiscalías estatales con información completa o parcial utilizable bajó de 84.4% a 62.5%. Foto: Cuartoscuro
En Baja California, la fiscalía reservó por cinco años los datos sobre fosas localizadas entre 2006 y 2025, aunque anteriormente había entregado información. La autoridad argumentó que publicar las estadísticas afectaría las investigaciones y la persecución de delitos, y podría poner en riesgo a víctimas y testigos.
En una respuesta anterior, la fiscalía de Nayarit había informado de 41 hallazgos de fosas clandestinas entre 2018 y octubre de 2024. Sin embargo, en respuesta a la nueva solicitud indicó un registro de cero fosas y respondió con más de dos meses de retraso.
Quintana Roo pasó de responder diez variables a ninguna, mientras que Tamaulipas perdió nueve puntos en la evaluación. En la serie de disponibilidad de información de 2022 a 2025, el informe ubica a Morelos sin respuestas utilizables en los cuatro cortes y a Hidalgo sin ellas desde 2023.
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Las organizaciones advierten que estos vacíos describen límites para acceder a los registros y no permiten concluir que no se hayan localizado fosas.
Benítez explicó que, cuando una fiscalía reserva datos, omite un archivo o reduce el detalle de su respuesta, la plataforma pierde la posibilidad de seguir lo que sucede en ese territorio. A la falta de criterios compartidos entre autoridades añadió la falta de personal capacitado para llevar los registros y responder las solicitudes.
La ausencia de información se extiende a las personas recuperadas. Para 2025, las fiscalías estatales reportaron 833 cuerpos y 226 restos. Jalisco concentró el mayor número de cuerpos, con 257, seguido de Sonora, con 239. Sin embargo, en 287 de los 833 cuerpos no se proporcionó información sobre el sexo. En el caso de los restos, ese dato faltó en 194 de los 226 registros.
"Nuestra pregunta no termina en cuántas fosas se reportaron. Necesitamos saber dónde están, qué se recuperó de ellas, cuántas personas han sido identificadas y cuántas han vuelto con sus familias", expresó Benítez. Añadió que, mientras la información dependa de respuestas incompletas y de criterios distintos entre instituciones, el conocimiento sobre la dimensión del problema seguirá siendo parcial.
El registro elaborado con notas de prensa ofrece otra distribución de los hallazgos. Siete entidades concentran 61% de las 433 fosas documentadas mediante esa revisión durante 2025. Sonora encabezó este conteo con 68, seguido de Chihuahua con 60 y Baja California Sur con 44. Jalisco y Sinaloa tuvieron 25 cada uno; Baja California, 23, y Guanajuato, 20.
En 15 entidades, el monitoreo de prensa documentó menos de 10 fosas. Ramírez aclaró que esa cifra no significa que no existan más hallazgos, sino que corresponde a los que pudieron documentarse. Los registros periodísticos permiten contrastar las respuestas oficiales, pero también dependen de que los descubrimientos se hagan públicos y sean cubiertos por los medios.
Entre los casos incluidos en esa revisión, Ramírez describió el hallazgo de 38 fosas con 89 cuerpos en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, en un sitio conocido como la fosa de Willy. En Jalisco, mencionó un predio de aproximadamente 20 hectáreas cerca del estadio Akron, donde una fosa en forma de L contenía 456 bolsas de plástico en las que se contabilizaron 62 cuerpos. En Baja California Sur, reportó 15 fosas en el tramo carretero de La Paz a San Juan de la Costa, donde se localizaron 24 osamentas: 19 correspondientes a hombres y cinco a mujeres.
Para 2025, las fiscalías estatales reportaron 833 cuerpos y 226 restos. Foto: Cuartoscuro
Cecilia Delgado Grijalba, fundadora de Buscadoras por la Paz Sonora, sostuvo que las fosas localizadas en su estado superan las 204 reportadas por la fiscalía estatal. Relató que, a partir de enero de 2025, participaron en búsquedas en un predio cercano a la carretera 26, en las inmediaciones de Hermosillo. Habló de alrededor de 45 fosas y 65 cuerpos localizados y explicó que las exploraciones continuaban.
La representante del colectivo informó que durante 2025 localizaron alrededor de 102 cuerpos y describió hallazgos de restos calcinados cuya fragmentación impide determinar con exactitud a cuántas personas corresponden. También narró la recuperación de 10 osamentas en la parte alta de un cerro, en un lugar al que llegaron gracias a información proporcionada de manera anónima. "Si no nos hubieran dicho de ese lugar, jamás lo hubiéramos encontrado", expresó.
Su testimonio planteó otra limitación de los recuentos de fosas: durante las búsquedas también se localizan cuerpos expuestos que no necesariamente quedan incluidos en esa categoría. Delgado mencionó esta situación al hablar de Sonoyta y de los hallazgos en zonas de tránsito hacia Estados Unidos. Para las familias, explicó, el seguimiento debe permitir saber quiénes son las personas encontradas, aunque el lugar de recuperación no sea clasificado como una fosa.
Delgado comenzó a buscar a su hijo Jesús Ramón Martínez Delgado después de su desaparición, el 2 de diciembre de 2018. Fue localizado sin vida en 2020. La buscadora continúa buscando a su sobrino Moisés Alonso Reinoso Delgado, desaparecido el 23 de julio de 2020, y acompaña a otras familias. Relató que, cuando comenzó, no sabía cómo realizar búsquedas y tuvo que aprender junto con otras madres, hermanas y esposas, sin herramientas ni conocimientos previos.
La falta de registros, afirmó, tiene consecuencias después de la recuperación de los cuerpos. Explicó que ha acompañado a familias que no habían proporcionado muestras de ADN y que, después de hacerlo, pudieron localizar a sus familiares entre personas que llevaban entre ocho y 10 años en una fosa común. A ese paso por las instituciones sin que las familias conozcan el paradero lo llamó una "segunda desaparición".
"De nada nos sirve encontrarlos si van a regresar a la segunda desaparición, que es la fosa común", dijo. La demanda de una base nacional y otra estatal, explicó, busca que pueda seguirse cada hallazgo y conocerse si hubo una identificación y una entrega a la familia.
El caso de Jalisco también fue abordado mediante los avances de una investigación sobre el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Jorge Ruiz Reyes, investigador asociado del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, explicó que el trabajo se realiza con Data Cívica y la Universidad Iberoamericana a partir de fuentes abiertas. El informe se publicará en marzo del año siguiente a la presentación, cuando se cumplan dos años de los hallazgos difundidos por el colectivo Guerreras Buscadoras el 5 de marzo de 2025.
Ruiz Reyes señaló que el análisis busca reconstruir el contexto de violencia y desapariciones en Jalisco y los antecedentes de lo ocurrido en Teuchitlán. Para ello, los investigadores cruzan registros de desapariciones, datos sobre fosas provenientes de fiscalías y prensa, y la base de ACLED, un proyecto que documenta eventos relacionados con conflictos y proporciona sus coordenadas.
El caso de Jalisco también fue abordado mediante los avances de una investigación sobre el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Foto: Cuartoscuro
Una parte del trabajo analiza imágenes satelitales para identificar anomalías térmicas en el rancho. Ruiz explicó que el equipo encontró señales tanto en 2019 como en meses anteriores al hallazgo de marzo de 2025. Como Teuchitlán es una zona agrícola donde se realizan quemas, los investigadores compararon el sitio con 900 lugares de características similares en cinco municipios contiguos, registrados como ranchos o parcelas de agricultura.
Según los avances presentados, solo dos de cada 100 sitios analizados tuvieron una cantidad de anomalías térmicas parecida a la observada en el rancho Izaguirre. Ruiz aclaró que ese resultado no permite concluir que se hayan incinerado cuerpos de personas. "Ahorita no podemos todavía concluir que justo son anomalías térmicas debido a que se incineraron cuerpos de personas, pero pues sí nos están indicando que son anomalías fuera de lo normal de lo que se ve por lo general en la zona", señaló.