"Nadie quiere parar la guerra" en Colombia, señala la defensora del pueblo a la AFP. Diez años después del acuerdo de paz con las FARC, los grupos que siguieron en armas y las fuerzas del Estado avivan el último conflicto interno del continente.
El país marcado por más de seis décadas de conflicto registra constantes atentados con drones o coches bomba, secuestros y asesinatos perpetrados por mafias dedicadas principalmente al narcotráfico.
El conflicto armado impulsado por el narcotráfico deja casi 10 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
Esas organizaciones -que antes desafiaron al Estado colombiano como guerrillas o paramilitares de ultraderecha- aumentaron su poder tras el histórico acuerdo de 2016 que desarmó a las FARC.
Y la violencia no da muestras de ceder tras la llegada a la presidencia hace casi tres meses del derechista Abelardo de la Espriella, que se comprometió a doblegar a los insurgentes con el lema de "tumba o cárcel" y sepultó todas las iniciativas de paz.
"La guerra está creciendo día a día. Nadie quiere parar la guerra", dijo el miércoles en la noche la defensora Iris Marín en su despacho en Bogotá.
"Los grupos armados no quieren parar la guerra y lo han demostrado. Son crueles, no han aprovechado las oportunidades de paz. Y el gobierno nacional, por esa misma razón, tampoco va a parar la guerra", explicó.
Según Marín, las políticas de mano de hierro del actual gobierno pueden desencadenar en mayor presión de los grupos ilegales sobre la fuerza pública y más violencia contra la población civil en territorios y corredores estratégicos para el tráfico de cocaína.
"Seguramente van a responder mostrando también su poder militar, su capacidad armada y de amedrentamiento", afirmó.
Y por otro lado, "los grupos armados están más nerviosos de lo que estaban antes, especialmente los que estaban en procesos de negociación" de paz con Gustavo Petro (2022-2026), el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia.
- Gobierno "militarista" -
Mientras las noticias sobre operaciones militares vuelven a ocupar titulares y las autoridades destacan capturas, decomisos de droga y bajas de combatientes, Marín lamenta que se repitan los errores de enfrentar el conflicto sin una "visión integral".
A juicio de la defensora, se debería crear una política para combatir la debilidad institucional, la impunidad e incentivar el desarrollo de los territorios donde el conflicto echó raíces.
Este es "un gobierno mucho más militarista, un gobierno que prefiere hacer (...) de la persecución militar como una especie de escenografía, como un show", dijo.
De la Espriella acostumbra a informar sobre los operativos militares con música de guerra de fondo, pistola al cinto e incluso rodeado de cadáveres en bolsas blancas.
La defensora cuestiona la difusión de estas imágenes en las redes del presidente.
"Exalta únicamente el uso de las armas, el uso de la fuerza, pero también, la parte más preocupante que es la simbólica, es el desprecio de la vida de una persona por el hecho de ser miembro de un grupo armado ilegal", dijo.
"Inclusive quienes han cometido los crímenes más graves, tienen salvaguardas en el derecho internacional humanitario", explicó.
También se muestra escéptica frente a medidas como la militarización temporal de ciudades afectadas por brotes de violencia.
Desde que asumió el 7 de agosto, De la Espriella ya ordenó militarizar el turístico puerto Santa Marta y Cúcuta, capital en la frontera con Venezuela.
Marín considera que la estrategia ofrece resultados limitados.
La militarización "puede generar presencia del Estado, pero no necesariamente va a ser sostenible ni resolver los problemas de fondo", explicó.
- Niños atrapados en la guerra -
La defensora alerta además sobre el impacto de la guerra en los menores reclutados por grupos armados.
La campaña de bombardeos del nuevo gobierno contra campamentos guerrilleros deja al menos ocho adolescentes muertos.
Marín menciona regiones como Catatumbo, Cauca y Guaviare, bastiones guerrilleros donde el reclutamiento de menores es una práctica común.
"Aun así los operativos han continuado" en esas zonas, lamenta.
La muerte de menores en bombardeos también ha marcado los anteriores gobiernos del derechista Iván Duque (2018-2022) y de Petro.
"Nos estamos acostumbrando a que es un daño colateral de la guerra", dijo.
Solo el año pasado se registraron 428 casos de reclutamiento infantil, según la Defensoría.
Para Marín, este fenómeno es "la foto más triste" del fracaso estatal para proteger a la población civil y, especialmente, a los niños, los más vulnerables en el conflicto colombiano.
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