¿Entra la lucha contra el crimen organizado en una nueva etapa en América Latina? Colombia, Chile y Ecuador apuestan por reforzar el papel de las fuerzas de seguridad frente al narcotráfico, bajo la promesa de recuperar el control ante el avance de la criminalidad.
En Ecuador, Noboa mantiene a las Fuerzas Armadas en el centro de su "conflicto armado interno"; en Chile, Kast impulsa una ofensiva contra el crimen organizado, mientras de la Espriella promete en Colombia un combate frontal contra los grupos armados y el narcotráfico.
Aunque parten de realidades y crisis de seguridad diferentes, analistas consultados por este medio identifican elementos de la llamada "mano dura" en los tres casos: mayor protagonismo de las fuerzas de seguridad y endurecimiento de la respuesta penal.
La estrategia no es nueva en América Latina, dice a este medio Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime. Lo novedoso, señala, es que ahora esté siendo impulsada por Washington, que en el pasado había adoptado "un enfoque más matizado" frente al narcotráfico y el crimen organizado, "situando la democracia y el respeto a los derechos humanos en el centro de la estrategia".
En los tres casos se reafirma el modelo "prohibicionista de la 'guerra contra las drogas'", sostiene Julián Quintero, sociólogo e investigador especializado en políticas de drogas, consultado por este medio. Ninguno plantea la regulación de los mercados y los tres abordan el problema desde una lógica fundamentalmente penal, policial o militar.
Pero ¿se traducen estas políticas en una mejora de la seguridad? "El crimen organizado se combate fortaleciendo la administración de justicia", afirma a Deutsche Welle Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Sin una estrategia de persecución penal que refuerce las capacidades de investigación y ataque el lavado de activos, las redes de corrupción, el tráfico de armas y el reclutamiento, advierte, "todo lo demás es meramente discursivo".
Un semisumergible no tripulado incautado por la Armada de Colombia frente a la costa caribeña del país. Este tipo de embarcaciones puede ser utilizado para el tráfico de drogas. (Foto de archivo)Colombian Navy Press Office/AFP
McDermott también cuestiona una respuesta centrada en la fuerza. Según el analista, "la historia ha demostrado que, por sí sola, la militarización de la lucha contra las drogas y el crimen organizado no es eficaz". A diferencia de una amenaza militar convencional, explica, el crimen organizado está arraigado en la sociedad y tiene una enorme capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes.
"Decapitar a los grupos armados y criminales tiende a fragmentarlos y desencadenar intensas disputas por el control territorial", alerta en diálogo con Deutsche Welle Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, al analizar el caso colombiano. El efecto podría ser incluso contraproducente y "provocar un repunte de la violencia, en lugar de reducirla".
Ahora bien, ¿se trata de respuestas nacionales que coinciden en el tiempo o comienza a perfilarse una tendencia que trasciende las fronteras?
"Por el momento veo solo anuncios políticos y no estrategias conjuntas", asegura Goebertus. Quintero, en cambio, anticipa una mayor coordinación: "Sin duda habrá una articulación en la estrategia porque hay una afinidad política". A su juicio, el impulso dependerá en buena medida de Estados Unidos y, en particular, de la administración de Donald Trump.
La propia naturaleza del fenómeno plantea la necesidad de una respuesta que trascienda las fronteras nacionales. "El crimen organizado es transnacional y no respeta ni reconoce fronteras; se aprovecha de las brechas en la cooperación internacional y en las jurisdicciones", señala McDermott.
Para el experto, asimismo, los mayores avances frente al crimen organizado se han producido combinando la presión de las fuerzas de seguridad con el fortalecimiento de la justicia, la lucha contra la corrupción y medidas económicas y sociales.
Quintero pone el foco en otro flanco que, a su juicio, las respuestas militares suelen dejar intacto: el dinero. Mientras se combate al campesino que cultiva, a quien transporta la droga o al joven que la vende en las calles, señala, las redes de lavado continúan operando a través del sistema financiero, el mercado inmobiliario y el comercio legal.
Desde InSight Crime, McDermott advierte que una política de fuerza que ignore los derechos humanos y desmantele los mecanismos de control democráticos puede producir "ganancias inmediatas en materia de seguridad", pero a largo plazo generar más corrupción y debilitar el apoyo de la sociedad civil.
Para Quintero, las promesas de soluciones rápidas son una suerte de "cantos de sirena" para sociedades golpeadas por la violencia, la inseguridad y la corrupción: ofrecen la expectativa de soluciones rápidas frente a un fenómeno mucho más complejo.
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