NUEVA YORK – Esta semana, Colombia vivirá una de las transiciones políticas más trascendentales de su historia reciente, cuando el presidente electo de derecha, Abelardo de la Espriella, suceda al presidente de izquierda, Gustavo Petro. Al igual que otros países latinoamericanos que han virado a la derecha, es probable que Colombia enfrente una polarización cada vez mayor, lo que sugiere que surgirá una fuerte oposición, posiblemente liderada por el propio Petro.
La nueva administración heredará un panorama económico complejo. En el ámbito social, la pobreza multidimensional ha seguido disminuyendo, una tendencia que se remonta a la Constitución de 1991 y que se ha visto impulsada por un crecimiento sostenido del gasto social. Sin embargo, estos avances reflejan un mejor acceso a la educación, la atención médica, los servicios públicos y la vivienda, más que mejoras significativas en los ingresos. Mientras tanto, la brecha entre las zonas rurales y urbanas se ha ampliado y el sistema de salud atraviesa una profunda crisis.
De igual modo, si bien el desempleo ha disminuido significativamente durante la administración de Petro, gran parte de esta mejora parece reflejar la expansión del empleo en el sector público. Por lo tanto, el progreso podría revertirse con el ajuste fiscal necesario que se espera que emprenda el nuevo gobierno. La informalidad en el mercado laboral sigue siendo extremadamente alta, afectando a casi la mitad de los trabajadores urbanos y a más de cuatro quintas partes de los que trabajan en zonas rurales.
Al mismo tiempo, el objetivo de crecimiento del 7% de la nueva administración parece demasiado ambicioso. Un objetivo más realista —quizás en torno al 4%— podría lograrse mediante la recuperación de sectores con un desempeño deficiente durante el gobierno de Petro, como el petróleo, la minería y la construcción. Sin embargo, la máxima prioridad es estimular la inversión, que se ha mantenido en torno al 17% del PIB en los últimos años, en comparación con aproximadamente el 22% durante la década de 2010.
Otra prioridad será sostener el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, que en Colombia se refiere a las exportaciones distintas del petróleo, el carbón y el café. El éxito de este esfuerzo dependerá de si las intervenciones recientemente aprobadas por el banco central en el mercado cambiario logran frenar la fuerte apreciación del peso. Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump también podrían afectar el crecimiento de las exportaciones, aunque sus efectos podrían verse parcialmente compensados por la recuperación económica de Venezuela, anteriormente el segundo socio comercial más importante de Colombia.
Numerosos desafíos ensombrecen las perspectivas a corto plazo. El fenómeno de El Niño podría interrumpir la producción agrícola y aumentar el riesgo de racionamiento eléctrico. La fuerte dependencia de Colombia de la energía hidroeléctrica, su limitada capacidad de generación (que se expandió lentamente durante el gobierno de Petro) y la creciente escasez de gas natural hacen que el país sea particularmente vulnerable. Las altas tasas de interés, mantenidas por el banco central para contener la inflación, también podrían frenar la actividad económica.
Por encima de todos estos desafíos se cierne la grave crisis fiscal que heredará el nuevo gobierno. Desde 2024, los déficits fiscales han superado el 6% del PIB, uno de los más altos de América Latina. La deuda pública superó el 66% del PIB en 2025, uno de los niveles más elevados en la historia de Colombia.
Mucho dependerá de la magnitud de los recortes presupuestarios que el gobierno implemente. De la Espriella pretende reducir el gasto público en aproximadamente un 3% del PIB mediante un plan de contingencia que implica la eliminación de un número significativo de puestos de trabajo en el sector público. Sin embargo, este objetivo será difícil de alcanzar dada la limitada flexibilidad de muchas categorías de gasto y la necesidad de financiación adicional para la sanidad y otros sectores clave.
Una reforma tributaria importante podría resultar necesaria, aunque el equipo de De la Espriella ha indicado que no es una prioridad inmediata. Como aspecto positivo, los tipos de interés de la deuda pública, tanto interna como externa, han disminuido desde las elecciones, lo que refleja una mayor confianza del mercado. La continuidad de esta tendencia dependerá de la credibilidad de las políticas fiscales del nuevo gobierno.
Por supuesto, existen otras preocupaciones importantes. La seguridad nacional fue el eje central de la campaña de De la Espriella, y cumplir su promesa de desmantelar los grupos armados ilegales podría requerir gastos adicionales. Igualmente importante es reconstruir la capacidad administrativa del sector público, especialmente en el ámbito de la salud, donde el deterioro ha sido más grave.
Por último, está la cuestión de la política exterior. Una de las primeras pruebas del nuevo gobierno será determinar qué tan estrechamente se alinea con la administración Trump. Algunas de las propuestas de De la Espriella, incluyendo su plan para limitar la participación de Colombia en las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales, así como la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, ya han provocado una fuerte oposición interna. Sin embargo, queda por ver si estas políticas finalmente se adoptarán.
En conjunto, estos desafíos dejan al nuevo gobierno con una agenda ardua. Para que el giro a la derecha de Colombia dé frutos, el nuevo gobierno deberá restablecer la estabilidad fiscal e impulsar la inversión sin sacrificar los logros sociales de las últimas décadas.
El autor
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Colombia, es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional de las Empresas y profesor emérito de la Universidad de Columbia.
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